Según pasa el tiempo, crece la cantidad de miembros de los cuerpos castrenses y de la Policía Nacional que se involucran en actividades propias del narcotráfico. La práctica se ha extendido tanto que ya es tema de preocupación pública.
A partir de 1991 se hicieron públicas las preocupaciones, en el ámbito gubernamental, por la vinculación de militares en actividades ligadas al narcotráfico. El fenecido ex presidente Joaquín Balaguer dio la voz de alarma el primero de noviembre de ese año, cuando advirtió que esa situación ponía en entredicho la disciplina de las Fuerzas Armadas.
Sus expresiones surgieron por el escándalo que entonces provocó el apresamiento de un militar, adscrito al Cuerpo de Ayudantes Militares y a su escolta, a quien acusaron de traficar con estupefacientes y, tras ser apresado, se fugó misteriosamente de la Base Naval 27 de Febrero.
Ese caso se diluyó en la cotidianidad de una sociedad que, 17 años más tarde, escucha con estupor a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confirmar que el piloto Harol Manzano García, quien guiaba el helicóptero en que viaja el presidente Leonel Fernández, es investigado con relación a una transacción de drogas realizada el mes pasado en Batey 3, Barahona.
De hecho, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, reveló el lunes en el programa Hoy Mismo, que existen grabaciones telefónicas de conversaciones entre Manzano –cancelado de la Fuerza Área Dominicana por supuestas faltas administrativas- y personas relacionadas con el citado contrabando de estupefacientes.
Mas, ese es sólo el asombro del momento, porque el pasado 17 de septiembre la Policía informó que uno de los principales cabecillas del grupo que el 4 de agosto ejecutó a siete narcotraficantes colombianos en Paya, Baní, es el mayor Frederick Guillermo Medina Abud, adscrito a ese cuerpo del orden, y quien guarda prisión en Najayo.
Pero, el 18 de diciembre de 2004 se empezó a desenredar la madeja de complicidades entre los altos mandos militares y los narcotraficantes, cuando a Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien es procesado en Estados Unidos por formar parte de una banda internacional de narcotraficantes, se le apresó por ser el propietario de un cargamento de 1,387 kilos de cocaína.
Ese contrabando lo interceptaron ese mismo día agentes de la DNCD, cuando era transportado por la autopista Duarte en una camioneta en la que se encontraba el teniente coronel Antonio Nin Terrero, quien también es juzgado en Estados Unidos.
Castillo Paulino, quien tenía su centro de operaciones en Elías Piña, en la zona fronteriza, al momento de su detención era capitán del Ejército Nacional, y aunque no había hecho carrera en el cuerpo castrense, ese rango se le asignó en el gobierno del ex presidente Hipólito Mejía.
Sus relaciones alcanzaron el territorio político, pues sus inversiones incluían el financiamiento de campañas electorales a los principales partidos del sistema.
Los casos. En una revisión de los periódicos del país a partir de 1991, aparecen 45 casos de tráfico o posesión de drogas en los que han estado involucrados agentes de bajo y mediano rango, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía.
Los principales puntos donde se detectaron las transacciones o se realizaron los apresamientos son las estaciones aéreas, sobre todo el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Aeropuerto de Punta Cana y el Aeropuerto Gregorio Luperón, así como la franja Sur de la zona fronteriza y la provincia de Higüey.
Con relación a la frecuencia de esos casos, que no son precisos en tanto se desconocen las cifras oficiales, de 1991 a 2003 se registran siete, y es a partir de 2004 cuando aparece un incremen
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