La corrupción de los aparatos judiciales y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad lastran los derechos humanos en Haití y República Dominicana, según un informe divulgado por el Gobierno de Estados Unidos.
Según el informe, en el caso de Haití a pesar de que se han registrado algunos avances y las autoridades civiles mantienen, en general, un control efectivode las fuerzas de seguridad, persisten numerosos problemas.
Entre ellos, destacan los asesinatos ilegales por parte de oficiales de la policía y su participación en secuestros, la ineficacia de las medidas contra el crimen organizado, los arrestos y amenazas arbitrarios y las pobres condiciones sanitarias de las cárceles, que están superpobladas.
El informe sostiene que el sistema judicial es "ineficaz" y está sujeto a la "influencia de las ramas ejecutiva y legislativa".
Asimismo, asegura que la corrupción es "severa" en todos los ámbitos del Gobierno y señala que no se respeta la celebración de elecciones periódicas al Parlamento.
También denuncia que se vulneran los derechos de las mujeres, contra las que se cometen actos de "violencia y discriminación social", y los niños, sujetos a "abusos, tráfico interno y trabajo doméstico", mientras el cumplimiento de los derechos laborales es "ineficaz".
En cuanto a Répública Dominicana, según el Departamento de Estado, aunque la ley ampara la práctica totalidad de los derechos fundamentales, existen reportes de organizaciones no gubernamentales y locales que ponen en duda el cumplimiento efectivo de esa legislación.
Las "numerosas carencias en la supervisión y la formación" en los sistemas policiales y correccionales conducen a problemas que van desde "prácticas de tortura, palizas y abusos físicos de detenidos y prisioneros" hasta "asesinatos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad".
El informe aplaude que no se hayan registrado desapariciones, pero sostiene que sí hay numerosos informes que certifican la persistencia de detenciones arbitrarias y denuncia las malas condiciones de las cárceles y la falta de respeto a los derechos básicos de los presos.
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